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La fuerza al servicio del derecho

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Por José Alberto Peroza Arteaga

(percal2303@hotmail.com)

Esta sociedad colombiana, es cada día más desconcertante; acude a las vías de hecho como manera de obtener satisfacción a sus necesidades, ya que los mandatarios, elegidos por ella no responden cabalmente a tantos clamores públicos, dando más bien la impresión de que les importa un comino las protestas y reclamaciones respetuosas de los ciudadanos, así estas sean justificadas.

La democracia, se ha dicho, que es el mejor sistema de gobierno entre los existentes, pues es con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero en la práctica, pareciera que es solo de unos pocos, que aprovechando sus condiciones económicas, políticas y de tradición familiar, se apoltronan en el trono y lo transfieren a sus herederos sin pena ni gloria, dando lugar a manifestaciones de inconformidad por parte de los electores, que sin embargo, no ven otras alternativas para su decisión, debiendo seguir en las mismas y con los mismos, cosa esta que conocen muy bien quienes viven del erario y han cimentado su prestigio en las curules burocráticas basados en la influencia del dinero, que abre puertas y compra conciencias, sin importar los fines y objetivos fundamentales de las comunidades en general.

Ahora, vemos a ciudadanos protestando contra quienes ayudaron a subir a los altos cargos de las administraciones, al considerar que no reunían las condiciones morales, profesionales o técnicas suficientes, para resolver los grandes problemas sociales, pero especialmente las económicas, que tienen a más de una familia aguantando hambre y pasando por situaciones angustiosas, sin que los mandatarios muestren tan siquiera un rictus de preocupación por ello. Violencia a través de exageradas y en ocasiones justificadas protestas, vandalismo a diestra y siniestra, asaltos, atracos, robos, ocupación abusiva del espacio público y mil males más que conllevan a una violación recurrente de los derechos humanos, tanto de los gobernantes como de los gobernados.

Los primeros acallan la voz de los manifestantes aplicando el principio latino del “vis juris deserviat” o la fuerza al servicio del derecho, con lo cual dispersan a los aglomerados y posponen la solución a sus pretensiones. Los gobernados, por su parte utilizan el sagrado derecho de exigir soluciones en el marco de la legalidad, hasta donde sea posible, pero al romperse cualquier posibilidad de solución dialogada, acuden también a la fuerza, para hacerse sentir y mostrarse visibles con su costalado de necesidades que permiten abusar de la protesta, pues aunque esta sea legítima debe respetar también el derecho de los demás, a la libre locomoción, al trabajo, y a ejercer sus derechos y libertades, respetándoles su libre albedrío y disposición de ánimo para ser actores o simples espectadores ante circunstancias de alteración del orden público.

Todo está dicho en la ley; los gobernantes y los gobernados tienen igual derecho a ejercer este a través de la fuerza. Lo anómalo consiste en el abuso de la misma para imponer la voluntad, ocasionando daños en cosa ajena y oponiéndose abiertamente a las decisiones oficiales sin medir consecuencias de ningún tipo.

Según Santo Tomás de Aquino, la rebelión se justifica, cuando de deponer a los tiranos se trata, pero para ello debe existir una dictadura y no una democracia, como en nuestro caso; aquí los representantes del pueblo tanto en el Congreso como en las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos son seleccionados por los ciudadanos, se supone que conscientemente, y por ello, son corresponsables de los actos que aquellos ejercen en su representación, por haber sido designados para vigilar sus más caros intereses.

Lo único cierto es que con la aplicación de la fuerza, solo pierden los ciudadanos espectadores que no son “ni chicha ni limoná”, por no comprometerse ni con los unos ni con los otros, presentándose como aguas tibias, que ni coadyuvan ni dejan gobernar. Jesucristo dijo: “Líbrame, Padre de los tibios porque ellos son el mayor obstáculo para tus decisiones”.

La fuerza pública, que tiene por misión constitucional el mantenimiento del orden público, nada entre dos aguas: el gobierno y los gobernados; palo porque bogas y palo porque no; malo si hacen y peor si no; abusivos si cumplen con su deber y negligentes si no lo hacen; malo si aplacan una muchedumbre violenta y malo si no aprehenden a los responsables; malos si apalean a sus semejantes y pendejos si se dejan “dar en la jeta”; excelentes funcionarios si permiten desmanes, vendidos y sapos si se atraviesan a sus pretensiones; inteligentes si permiten las protestas aun fuera de la permisividad legal y brutos, si utilizan los medios de fuerza legales para imponer la autoridad.

En fin, la sociedad navega en dos extremos hasta ahora indescifrables: el ser y el deber ser; lo que es y lo que queremos que sea; el espejismo o la realidad; el soñar o el estar despiertos; he ahí la encrucijada del ciudadano: mantener el sistema de gobierno actual, o cambiarlo por otro, que utópicamente sea mejor, aunque en ambos escenarios el uso de la fuerza siempre hará presencia; bien para hacerse oír y respetar la  voluntad de las mayorías, o para contener los actos vandálicos de quienes abusando de la fuerza se propasan perjudicando del orden  y el pacto social establecido.-

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